Chispas | El aborto y el codigo penal en la Republica Dominicana

¨Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia¨ del Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículo 27.

La aprobación ayer en el Senado de la República, de un Código Penal donde se penaliza la interrupción del embarazo sin las excepciones aceptadas por cualquier sociedad medianamente civilizada, es una muestra del retraso social y del abuso que deben soportar nuestras mujeres de parte de una clase política que parece no entender que representa a un país laico y no confesional.

La República Dominicana, pertenece al exclusivo club de seis países en todo el mundo, donde esta penalizado el aborto en todas sus formas, aun cuando se presenten situaciones que ponen en riesgo la vida de la madre.

La lista de estos países esta encabezada por la Ciudad del Vaticano, un lugar donde se supone que los hombres no preñan a las mujeres.

Ademas del Vaticano, prohíben el aborto países tan ¨avanzados¨ como El Salvador, Nicaragua, Honduras y la isla de Malta, nosotros ahora completamos la lista.

En Chile, cuando el médico puede demostrar que un embarazo puede ser causante de la pérdida de la vida de una madre, aunque existe la prohibición, se permite realizar el tratamiento que proteja la vida de la mujer.

No sabemos como en un congreso mayoritariamente integrado por miembros del Partido de la Liberación Dominicana, agrupación política de confesión y practica progresista, se puede dar el lujo de aprobar una norma que devuelve a nuestra sociedad a la época del oscurantismo que reinaba en la Edad Media.

Los que levantaron la mano para aprobar lo que pedía la Iglesia como un dogma, en una sociedad no confesional, deberían viajar al pasado y leer lo que ocurrió en el siglo XVIII, cuando los pensadores clásicos del iluminismo, arrebataron, usando el pensamiento lógico, a la Iglesia de su posesión de una verdad irrefutable y absoluta, que contradecía el avance de la ciencia.

Porque de esto se trata el tema, se quieren atar las manos de los médicos dominicanos, para que en ninguna circunstancia, no importa si el diagnostico o complicación de un embarazo, manda a que el tratamiento sea el desalojo del producto del lecho uterino, que este se pueda realizar.

No sabemos quien le dio potestad a los legisladores dominicanos, los que en su mayoría, porque no son médicos, nunca ha estado en la emergencia de un hospital de maternidad, de amarrarle el cerebro y las manos a los profesionales de la salud, que tienen el deber de actuar para salvar la vida de una mujer por una complicación de un embarazo.

Lo mas grave de todo esto, es que a partir de la entrada en vigencia del Código Penal aprobado en el día de ayer, quienes tendrían que decidir sobre la realización de un procedimiento médico, común y corriente en cualquier parte del mundo, serían los abogados y jueces.

Porque al invento dominicano de incluir un procedimiento, que es de urgencia en muchas ocasiones, dentro de un Código que juzga a los criminales, hasta los tribunales serían conducidos los médicos, enfermeras y todo el personal de salud involucrado en un acto exclusivamente profesional.

Este es un país, donde recién la semana pasada, el Director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez, al entregar los protocolos nacionales para la atención a los embarazos, calificaba de vergonzosa nuestra tasa de mortalidad materna, la mas alta de la región, a pesar de que el 100% de los partos se realizan en un ambiente hospitalario.

Ahora que podría existir el peligro de que cualquier médico sea sometido a la justicia, por realizar un procedimiento que es parte integral de su formación y práctica, como lo son los abortos, en algunos casos necesarios para la protección de la vida de la madre, pues serán muchos los que podrían negarse a realizar el procedimiento, y esto necesariamente aumentará la tasa de muerte materna.

Vergüenza debería provocarle a algunos energúmenos, que tienen una cantaleta por meses opinando sobre este tema, que no tiene nada que ver con leyes, ordenanzas o constituciones; esto un serio problema de salud y defensa de los derechos humanos de la mujer dominicana.

Como entre los que han insistido hasta la saciedad para que judicialice esta decisión médica hay abogados ilustres del país, nos imaginamos que se están frotando las manos para ir a los tribunales a ganar dinero a expensas de la lluvia de demandas que podrían caer sobre las cabezas de los médicos dominicanos.

Nosotros quisiéramos saber además, cuántos de los que levantaron tan alegremente las manos para prohibir el aborto en caso de violación, no van a intervenir si les toca la desgracia de que una de sus hijas o sus nietas, quede embarazada de un o un grupo de los tantos violadores perversos que deambulan por las calles de la República Dominicana.

Nadie ha tomado en cuenta, el impacto sicológico y familiar, por el que pasa una niña menor de edad que queda embarazada cuando es forzada a tener sexo en las hacinadas casas de los mas pobres del país, que serán los afectados, porque los que tienen dinero buscarán siempre la forma de desalojar un embarazo ocurrido en estas circunstancias.

La aprobación del Código Penal con la prohibición del desalojo del embarazo en toda circunstancia, es un paso atrás en la construcción del Estado Social y de Derecho, al que aspiramos los dominicanos y dominicanas, ya que discrimina y pone en peligro a cada mujer dominicana desde el momento en que se produce una gestación en su vientre.

No sabemos lo que ocurrirá ahora con el famoso Código Penal, porque el chantaje en contra de los que defendemos el derecho de los profesionales de la salud, las mujeres y las familias a decidir en circunstancias excepcionales la interrupción de un embarazo, que curse con malformaciones congénitas, fruto de una violación o que ponga en peligro la vida de una madre, es constante.

Lo rescatable de este tema es la posición valiente de la Presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, quien dijo: ¨nunca estaré de acuerdo con que se penalice el aborto, sin tomar en consideración la interrupción del embarazo en ciertas circunstancias¨.

Y el discurso del Senador de Santiago, Julio César Valentín, quien se expresó públicamente y en forma vehemente, sobre la necesidad de incluir las causales que ha defendido la clase médica.

En este tema, si se promulga el Código como fue aprobado ayer en dos lecturas consecutivas y de urgencia, pues a ver que médico se va a arriesgar a ser condenado a una pena de 4 a 10 años de prisión, por ejercer su profesión, y poner sus conocimientos al servicio de sus pacientes en peligro de muerte.

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