Chispas | LOS PODERES Y EL CASO DE ODEBRETCH: SEÑOR ABINADER

Que difícil es hablar y plantear conceptos en un país donde, el que se supone es uno de los líderes principales de la oposición política, como es el caso de Luis Abinader, parece no entender las bases sobre las que se sostiene el Estado de Derecho en la República Dominicana.

Ante las informaciones llegadas al país por la prensa internacional, y publicadas en la página oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de una sanción económica a dos firmas brasileñas, Odebretch y Braskem, por haber conseguido la asignación de obras de infraestructura a través del soborno en 12 países, el ex candidato del PRM pide la intervención directa de quien encabeza el Poder Ejecutivo, Presidente Danilo Medina.
A continuación vamos a transcribir lo que dice la Constitución Dominicana frente a este ejercicio de ignorancia del señor Luis Abinader.
Artículo Cuatro.- Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el desempeño de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente determinadas por esta Constitución y las leyes.
No hay nada que interpretar a la luz de la lectura de este artículo de nuestra Carta Magna, si el Presidente de la República, que es quien encabeza el Poder Ejecutivo, interviene directa o indirectamente, para influir o trazar pautas al Poder Judicial, simplemente estaría cometiendo una violación a la Constitución, lo que podría incluso acarrearle en un caso extremo un juicio político por parte del Poder Legislativo.
Echando a un lado la ignorancia supina que demuestra el vocero opositor sobre el funcionamiento institucional de la República Dominicana, sería bueno que primero leyera lo que salió publicado en los expedientes dados a conocer en el día de ayer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque es posible que la persona que se señale como receptor de los sobornos en nuestro país, sea uno de sus conocidos, ya que las fechas son transversales a tres gobiernos.
Dicen los Estados Unidos y lo confirma Odebretch al declararse culpable del delito de pago de sobornos, que creó un entramado donde actuaban funcionarios de esa empresa, que son identificados por números no por sus nombres, que se dedicaban a negociar contratos en 12 países, incluyendo la República Dominicana, donde entregaban dinero a cambio de que se les asignaran obras de infraestructura.
Cuando se desglosan los casos y se llega específicamente a la República Dominicana, se habla de un periodo de tiempo que comienza en el año 2001, es decir, en el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano que encabezó Hipólito Mejía, y del cual era parte Abinader, y se extendió hasta el año 2014.
Esto confirma las versiones que hace tiempo se comentan, de que quien trajo al país a Odebretch y comenzó a asignarle obras, fue el gobierno del PRD, por lo que probablemente el señor Abinader pudiera hacer un gran favor al país si identifica, quien o quienes de sus compañeros de partido en el año de que hablamos, fueron los que contactaron a los brasileños para venir al país.
Pero ademas que es un solo nombre el que se necesita, pues en la República Dominicana se habla de una persona, que decía actuaba  como intermediario con funcionarios de los gobiernos incluidos en estas fechas, que suponemos será la persona que en algún momento de la investigación será identificada y llamada a declarar, para que confirme o niegue la versión sostenida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En la página 19, del acta de acusación dice lo siguiente: ¨con el objetivo de asegurar ciertos contratos públicos en la República Dominicana Odebretch pagó sobornos a un intermediario responsable de mediar con el gobierno con el entendido de que el intermediario pasaría el dinero, en parte, a los funcionarios del gobierno¨.
Es decir, siempre según este documento, entre los años 2001 al 2014 (gobiernos del PRD y el PLD) un intermediario, a quien no se identifica por su nombre, hizo lobby frente a funcionarios no identificados dentro de esos gobiernos, para que se asignaran obras a la compañía brasileña, y a cambio recibió dinero que decía repartir entre las personas que les aseguraban los contratos de las obras.
De eso es que se trata el caso, para lo que no se necesitan ¨abogados independientes¨, ni que resucite Sherlock Holmes, para que todo sea aclarado, con la identificación por parte de los Estados Unidos del intermediario, la entrega de las pruebas documentales del manejo de 92 millones de dólares, suma que no puede ocultarse en este mundo interconectado, y la detención e interrogatorio de esa persona, ya el caso puede ser traducido a la justicia.
En el caso de que ese ¨intermediario¨ identifique a quienes son denominados ¨funcionarios¨, en términos genéricos en el documento de los Estados Unidos, estos deberán ser interrogados y en caso de existir pruebas que los incriminen, ser enviados al Poder Judicial para ser juzgados.
Ese es el procedimiento en cualquier país, que como el nuestro, se organiza de acuerdo a una Constitución fundamentada en la división de los poderes públicos, no puede bajo ningún concepto el Poder Ejecutivo intervenir en este tema, simplemente porque no está dentro de su competencia.
Sin dejar de puntualizar, que nuestro ordenamiento jurídico asume la norma universal de que ¨toda persona es inocente hasta que en un tribunal se le demuestre lo contrario¨ y que ¨en la responsabilidad en materia penal es individual¨, así que dejemos de politiquear con temas que ni siquiera se han leído, que es lo que ha hecho con prisa, solo por decir algo, el señor Abinader.

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